Comunicado de la Sociedad Española de Columna con respecto a las declaraciones del presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, sobre la actualización de tarifas en la sanidad privada
Desde la Sociedad Española de Columna (GEER) queremos mostrar nuestra mas absoluta disconformidad con las declaraciones de Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS sobre las tarifas que se aplican actualmente, y desde hace más de 25 años, por los servicios médicos en la sanidad privada.
La implantación de la ley ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre 2009) tenía como principal objetivo la protección del consumidor, evitando que determinados grupos profesionales fijaran precios e impidieran una situación de libre mercado, ya que se entiende que estos grupos profesionales podrían estar en una situación dominante en la cual, podrían obligar a pagar cantidades arbitrarias y evitar una libre competencia de precios, lo que dejaría en una posición de indefensión al consumidor. Esta ley aplicada a la sanidad tiene varios vicios: el primero es que no se puede poner una limitación de calidad mínima a un acto médico sólo por el mero hecho de no limitar la libre competencia. De hecho, en los concursos de contratos de obras públicas, existe un concepto llamado "baja temeraria", que es un precio por debajo del cual se debe considerar que los costes presupuestados no van a ofertar una calidad suficiente. El precio baremado actual de casi cualquier acto médico caería en lo reconocido como baja temeraria, es decir, supondría realizar un acto médico muy por debajo de los costes mínimos que suponen llevarlo a cabo y, por lo tanto, en condiciones de menor seguridad, calidad y eficacia.
La actividad médica privada está intermediada actualmente por varios agentes: por una parte las compañías aseguradoras, quienes se aprovechan de esta falta de capacidad para fijar unos precios mínimos e imponer así unos baremos al tener una posición dominante, ya que controlan toda la demanda. El otro intermediario son las clínicas/hospitales en los que el médico realiza su actividad. Este tema lo conoce perfectamente el Sr. Abarca. La regulación sanitaria actual obliga a una serie de mínimos en las instalaciones sanitarias, lo que hace muy complicado, por lo caro que resulta, que un médico pueda instalarse por sí solo sin tener que entrar en un consultorio, clínica u hospital, que a su vez reclama (como es lógico) unos costes de explotación que repercuten en el magro reintegro al trabajo del médico. La consecuencia es doble: por una parte, el médico debe someterse a esos precios bajo la amenaza de no tener clientela o no ser admitido en el centro y, por otra parte, esos bajos precios le van a obligar a trabajar a volumen, dejando la calidad en un segundo plano: los bajos precios están reñidos con la alta calidad.
Las tarifas de las que habla el Sr. Abarca no permiten la realización correcta de cualquier actividad profesional: 10 euros por una consulta médica, de los cuales un 20-30% se lo queda el Centro Hospitalario, o 200 euros por una cirugía de hernia de disco, son ejemplos de una realidad que vivimos desde hace años debido al compromiso que los profesionales tienen con brindar una atención de calidad, en base a su enorme responsabilidad ética profesional y deontológica.
Como consecuencia de esta situación surgió el año pasado el ‘Manifiesto Dignifica’, una iniciativa apoyada por 14 sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Columna, que reclama una actualización razonable de la relación de prestación de servicios médicos y compañías aseguradoras, para ofrecer la calidad, modernidad y la eliminación de riesgos innecesarios en la atención médica a los pacientes.
